Financiación de la ley de dependencia

La financiación de las prestaciones viene establecida por la ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las personas en situación de dependencia, concretamente por los siguientes artículos:

Artículo 9. Participación de la Administración del estado.

1. La asignación del nivel mínimo a las comunidades autónomas se realizará considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida.
2. La financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado que fijará anualmente los recursos económicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 32.

Artículo 32. Financiación del Sistema por las Administraciones Públicas.

1. La financiación del Sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos.
2. La Administración General del Estado asumirá íntegramente el coste derivado de lo previsto en el artículo 9.
3. En el marco de cooperación interadministrativa previsto en el artículo 10, los Convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y cada una de las administraciones de las Comunidades Autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema.
4. Dichos Convenios, que podrán ser anuales o plurianuales, recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, emigrantes retornados y otros factores, y podrán ser revisados por las partes.
5. La aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el anterior.

Es decir, las Comunidades Autónomas tienen que aportar al menos lo mismo que la Administración General del Estado a la financiación de los gastos de la ley de dependencia.

Según el observatorio de la dependencia este sería el reparto de la financiación en la Comunidad de Castilla y León del 2022.

El coste directo de la prestaciones y servicios, como la ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, etc. llevados a cabo en el 2022 sin incluir los gastos indirectos o gastos de gestión se estiman en la cantidad de 701,4 millones de euros con el siguiente reparto:

Total Comunidades Autónomas (Total C.A.) = 46%

Total Administración General del Estado (Total A.G.E) = 34%

Copago de usuarios =20%

El gasto público realizado por las AAPP suma un total de 457,3 millones de euros de los cuales el 70% lo a porta la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el 30% restante la Administración General del Estado.

Total Comunidades Autónomas (Total C.A.) = 70%

Total Administración General del Estado (Total A.G.E) = 30%